Nicaragua

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Contenido

1. Resumen del marco normativo y estructura del sistema educativo nacional

 

2. Compromisos y obligaciones del Estado como garante del derecho a la educación

Cuando los Estados firman un tratado de derechos humanos, asumen la voluntad y el compromiso de crear las condiciones necesarias para transformar la situación en el sentido que allí se propone. El instrumento jurídico fija los principios de un nuevo pacto, que debieran guiar el horizonte de la política pública, dotar de sentido y legitimidad a las acciones que los Estados orienten para su cumplimiento efectivo.

En el marco del derecho, existen básicamente dos tipos de compromisos: aquellos que los Estados asumen en el ámbito internacional al ratificar instrumentos jurídicos regionales e internacionales, y los de alcance nacional, que se expresan generalmente en las leyes nacionales de educación. En el proceso de efectivización del derecho a la educación, los países avanzan en la armonización jurídica acorde a los compromisos asumidos y en la definición de un marco conceptual común desde donde interpretar las decisiones y las acciones que se lleven adelante. Es a partir del diseño y la formulación de planes, estrategias o políticas de gran alcance que los Estados direccionan y conducen las acciones orientadas a garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y transiten la escuela, se gradúen e incorporen aprendizajes significativos.

El propósito de este documento es ofrecer información para dar cuenta de los avances de los Estados latinoamericanos en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.

2.1. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito internacional

Los instrumentos jurídicos de carácter internacional determinan los deberes y las obligaciones de los Estados en cuestiones relativas al respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la educación. El derecho internacional distingue entre instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes. Los instrumentos vinculantes (principales convenciones y tratados) son aquellos a los que los Estados dan su consentimiento en obligarse legalmente –mediante su ratificación o adhesión– y, por lo tanto, asumen el compromiso de adecuar su normativa interna a los estándares internacionales. Por su parte, aquellos que no tienen carácter jurídicamente vinculante aportan una gran autoridad política y moral; a modo de ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Si bien los ODS no revisten obligatoriedad, las acciones que los países orienten para su implementación permiten vehiculizar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.

Nicaragua ratificó y adhirió a diferentes instrumentos jurídicos que ayudaron a la conformación de un cuerpo normativo relevante. Entre ellos se destacan: la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en el 1990; el Convenio OIT 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), ratificado en 2010; la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), ratificada en 1981; y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la suscripción a la Agenda de Educación 2030 que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y que está incluida en el Plan Nacional de Educación vigente.

2.2. Compromisos y obligaciones jurídicas en el ámbito nacional

Los Estados asumen compromisos y obligaciones a nivel internacional que adecúan normativamente al interior de sus ordenamientos jurídicos. Dentro de este compendio, la constitución expresa la protección más alta del derecho a la educación. Su texto funciona como marco para las leyes nacionales y las políticas públicas. Asimismo, las leyes generales de educación amplían las obligaciones del Estado respecto a este derecho, definen y distribuyen las responsabilidades relativas a la dinámica del funcionamiento de los sistemas educativos, su ordenamiento y estructura.

En Nicaragua, la Constitución establece que la educación y la cultura son derechos de toda la ciudadanía, y que la oferta del servicio educativo es función indeclinable del Estado. Ordena, como deberes del Estado, formar y capacitar en todos los niveles y especialidades al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y la transformación del país. Mediante la Ley General de Educación, se establecen los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo nacional.

2.3. Planificación de la educación

Una de las formas de vincular la dimensión jurídica con las acciones programáticas es mediante los ejercicios de planificación. A través de los planes, los Estados legitiman, establecen prioridades y orientan el trabajo de los actores encargados de coordinar, ejecutar y monitorear las acciones destinadas a garantizar el derecho a la educación. En estos planes también suelen señalarse los enfoques y principios rectores que los guían.

En Nicaragua, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano (2022-2026) tiene como uno de sus objetivos la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Dicho plan hace énfasis en los talentos humanos para el desarrollo nacional desde el Sistema Nacional de Educación a través de los siguientes puntos: el impulso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad de la primera infancia, primaria y secundaria; el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, con prioridad en tecnologías y manufacturas; la preparación de los talentos humanos para el desarrollo nacional con más educación superior; la consolidación del sistema de educación nacional, cuyas acciones deben estar armonizadas y orientadas a la reducción de la pobreza y el desarrollo nacional; el fortalecimiento de la investigación y la innovación en temas prioritarios para el país, para la generación y difusión de nuevos conocimientos; y el impulso del conocimiento y uso de la digitalización con y para todos y todas.

El Plan Nacional de Educación 2017-2021 es el documento base y marco de direccionamiento de la política educativa nacional para la actual vigencia de gobierno. Su enfoque central es la mejora de la calidad educativa, teniendo como base los factores asociados a la calidad de la educación. Concibe como temas estratégicos: el acceso a todas las modalidades educativas; el dominio de conocimientos, tecnología y habilidades para la vida; el aprendizaje y la formación integral. Para llevar adelante acciones en este sentido, el plan delinea estrategias en torno a la actualización y práctica docente, el mejoramiento de ambientes escolares, la alfabetización, el incremento de la cobertura educativa, el crecimiento del potencial humano de servidores públicos de educación y el fortalecimiento de la eficacia institucional. A su vez, el Plan de Educación 2020 establece 14 líneas de acción, enmarcadas en tres ejes institucionales orientados a fortalecer y profundizar el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Educación.

Al momento de redactarse este documento no se dispone de planes educativos (Plan Nacional de Educación 2017-2021 y Plan de Educación 2020) más actualizados.

3. Caracterización de la política educativa nacional

Este apartado hace foco en el conjunto de acciones que el Estado está orientando para garantizar el derecho a la educación. La caracterización de la política educativa se abordará desde tres dimensiones. En primer lugar, se describirá la estructura y el tamaño del sistema educativo. En segundo lugar, se buscará indagar y caracterizar el conjunto de intervenciones a través de las cuales se busca mantener el sistema educativo en funcionamiento. Este análisis se realizará haciendo foco en: 1) currículo y modelos de gestión institucional; 2) docentes; 3) infraestructura, tecnología y equipamiento; 4) transferencias de bienes y recursos financieros con el fin de fortalecer el sostenimiento de las trayectorias escolares. Finalmente, se buscará dar cuenta del gobierno del sistema, tanto en sus arreglos organizativos e institucionales como en el financiamiento de la política educativa, y los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas.

3.1. Estructura del sistema educativo nacional

La Ley General de Educación establece que el sistema nacional de educación está conformado por cinco subsistemas: el de educación básica, media y formación docente; el de educación técnica y formación profesional; el de educación superior; el educativo autonómico regional de la Costa Caribe Nicaragüense (SEAR); y el de educación extraescolar. La organización de los subsistemas se lleva a cabo a través de instancias, niveles y modalidades integradas y articuladas vertical y horizontalmente, para garantizar la formación de la ciudadanía.

El subsistema de educación básica, media y formación docente es el más complejo y de mayor cobertura del sistema educativo nacional. Es administrado y regulado por el Ministerio de Educación (MINED). La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad. Es gratuita, cuando la imparte el Estado, y obligatoria, a partir del tercer nivel de educación inicial y hasta el sexto grado de primaria. Los aprendizajes se encuentran organizados en el Currículo Nacional Básico. Con un carácter inclusivo, atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. Se organiza en:

La educación básica regular, modalidad que abarca los niveles de educación (inicial, primaria y secundaria), está dirigida a niños, niñas y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva y cognitiva, desde el momento de su nacimiento.

La educación básica alternativa ofrece programas de alfabetización y la modalidad de educación básica acelerada de jóvenes y adultos. Permite complementar la educación de las personas que, por razones socioeconómicas y de otra índole, no cursaron la educación básica y media. La educación para personas jóvenes y adultas está orientada a la preparación para el trabajo y se organiza flexiblemente en función de las necesidades y demandas específicas de estudiantes. Ofrece un conjunto de estrategias, recursos especializados y servicios de apoyo. A través de cursos en Centros con Aulas Taller y cursos EJA en la comunidad, se brinda educación laboral.

Los programas de alfabetización tienen como fin el desarrollo de capacidades de lecto-escritura y de cálculo matemático en las personas que no accedieron oportunamente a la educación básica. Tiene, como finalidad, fortalecer su identidad y autoestima, además de la preparación para continuar su formación en los siguientes niveles del sistema educativo y para integrarse al mundo productivo en mejores condiciones. Las alcaldías, en coordinación con el Ministerio de Educación, el Instituto Tecnológico Nacional y los Centros de Educación Superior, se encargan de impulsar estos programas con base en el diagnóstico y censo anual de la población objetivo.

La educación básica especial se ofrece a las personas que viven con alguna discapacidad. Busca garantizar un currículo accesible y pertinente para todos los estudiantes de la educación básica. Ofrece modalidades educativas de preescolar y primaria, y los programas de educación temprana e inclusión sociolaboral.

La formación docente es parte del subsistema de educación regular. La Ley General de Educación establece que la formación docente se ofrece en tres modalidades: formación inicial en primaria, impartida en las escuelas normales, y en secundaria impartida en las facultades de ciencias de la educación en la universidad -ambas con una duración de cinco años; profesionalización orientada a completar la educación de docentes en ejercicio educativo, dirigida a docentes de primaria y secundaria; y formación permanente para la actualización de docente, ofrecida a través de cursos especiales, talleres pedagógicos, seminarios científicos y culturales, diplomados, postgrados, maestrías y doctorados. Mediante la Ley 114 de Carrera Docente se regula el ejercicio de la docencia, así como los deberes y derechos de los docentes de las diferentes áreas de la educación, exceptuando la superior.

El subsistema de educación técnica y formación profesional brinda atención educativa a las personas jóvenes y adultas que deseen continuar estudios en este nivel, para incrementar y consolidar sus capacidades intelectuales, científico técnicas y su formación integral, a fin de continuar estudios superiores o participar eficientemente en la vida del trabajo. La educación técnica y formación profesional es responsabilidad del Gobierno de la República, que la administra a través del Instituto Nacional Tecnológico, como única entidad rectora, descentralizada y adscrita al Ministerio del Trabajo.

El subsistema de educación superior se constituye como la segunda etapa del sistema educativo. Consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología.

El subsistema educativo autónomo regional (SEAR) atiende las regiones autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense. Se orienta hacia la formación integral de niños, personas jóvenes y adultas de la Costa del Caribe en todos los niveles del sistema educativo. La Ley General de Educación establece que la educación en las regiones autónomas es un derecho fundamental de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe. El subsistema es gestionado de manera descentralizada y autónoma, respondiendo a realidades y prioridades educativas de la población multiétnica, multilingüe y pluricultural. La interculturalidad, como eje fundamental del SEAR, promueve la preparación científica, técnica y humanista, fortaleciendo la identidad étnica, cultural y lingüística.

El subsistema de educación extraescolar está conformado por la educación no formal y la educación informal. Este subsistema atiende, reconoce e incluye todos los procesos y acciones que, siendo desarrollados en los ámbitos formal y no formal, producen aprendizajes que contribuyen al desarrollo integral de la ciudadanía. La educación no formal se ofrece en instituciones, organizaciones estatales y de la sociedad civil. Comprende desde la educación básica para niños, personas jóvenes y adultas, hasta niveles de especialización.

La gestión de los centros educativos puede ser estatal, privada o subvencionada. Los centros educativos subvencionados son aquellos que reciben recursos financieros del Estado para el pago de salarios docentes.

Por fuera de los subsistemas de educación, en el ámbito del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), se crea el Centro Nicaragüense de Enseñanza Artística Pablo Antonio Cuadra (CENEAPAC), conformado por cinco escuelas nacionales (música, artes plásticas, danza, teatro y ballet), así como de unidades de formación artística certificadas, con el objetivo de proporcionar formación artística profesional en las distintas ramas del arte, de acuerdo a programas académicos específicos, normas pedagógicas y artísticas actualizadas. Ofrece títulos técnico medio, profesor y profesional, con carreras de duración entre 3 y 10 años.

a. Educación inicial y preescolar

La educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular. Está orientado a niños y niñas menores de 6 años. Se divide en dos ciclos: el inicial y el preescolar, que pueden ser formales y no formales. El nivel inicial destinado a niños y niñas de 0 a 2 años se ofrece en modalidad no formal, con mayor participación comunitaria.

La educación preescolar, para niños y niñas de 3 a 5 años, se ofrece en tres modalidades. La regular se ofrece en aulas de escuelas primarias ubicadas en zonas urbanas, y es atendida por docentes en su mayoría titulados como maestros de educación primaria; puede ser pública, privada y subvencionada. La modalidad comunitaria se ofrece en aulas de escuelas primarias, casas comunales, familiares e iglesias de zonas rurales y es atendida por educadores comunitarios voluntarios. La modalidad multigrado se ofrece a niñas y a niños de III nivel de preescolar que viven en comunidades rurales dispersas. El último año del preescolar es atendido en educación formal y es de carácter obligatorio.

El Marco curricular de la educación inicial es el instrumento pedagógico que ofrece a los docentes y educadores comunitarios de este nivel educativo la guía para el desarrollo de los aprendizajes ofrecidos a niñas y niños de 3 a 5 años de edad, con base en sus necesidades, intereses y características. Orienta el proceso de enseñanza y está en concordancia con la Política Nacional de Primera Infancia.

b. Educación primaria

La educación primaria es el segundo nivel de la educación básica regular. Tiene una duración de seis años. La edad teórica de concurrencia al nivel primario se extiende desde los 6 hasta los 12 años. De acuerdo con la Ley General de Educación, el nivel primario se ofrece en diversas modalidades, que se estructuran a partir del Currículo Nacional Básico.

La modalidad de primaria regular está dirigida a niños y niñas que pasan oportunamente por el proceso educativo y se articula con la secundaria regular. En la modalidad multigrado, se adecuan los contenidos curriculares a las características del entorno socioeconómico, productivo y cultural de las comunidades. Se desarrollan estrategias pedagógicas para la atención simultánea de niños y niñas de diferentes edades y niveles educativos. La primaria nocturna está dirigida a niños, niñas y adolescentes que interrumpieron su trayectoria escolar tempranamente o que no accedieron al sistema educativo y que, por su edad, ya no pueden hacerlo a la primaria en modalidad regular.

La educación primaria también se ofrece en la modalidad de educación básica acelerada y educación de jóvenes y adultos. Tiene los mismos objetivos y calidad, equivalente a la de la educación básica regular. También hace énfasis en la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.

Asimismo, se ofrece educación primaria la modalidad de educación básica especial, atendiendo a personas con necesidades educativas especiales. El tránsito de un grado a otro estará dado en función de las habilidades que hayan logrado y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social.

La Dirección General de Educación Primaria describe también las modalidades extraedad y primaria a distancia en el campo. En la primaria extraedad, niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años de zonas urbanas que, por alguna razón, no estudiaron a la edad oportuna en el grado correspondiente, tienen la oportunidad de cursar la primaria en tres años escolares. La primaria a distancia es para niños, niñas y adolescentes de 9 a 16 años de zonas rurales que, por alguna razón, no estudiaron en edad oportuna. Se desarrolla en encuentros semanales los sábados y a través de sesiones tutoriales.

c. Educación secundaria

La educación secundaria constituye el tercer nivel de la educación básica regular, es gratuita cuando se imparten en centros del Estado y dura cinco años. Cuenta con tres orientaciones: científica, humanística y técnica. Se ofrece en modalidades regular, nocturna y a distancia.

La educación secundaria regular se imparte en jornada diurna con una duración de cinco años. Está dirigida a jóvenes y adolescentes que pasan, oportunamente, por el proceso educativo con la edad teórica de ingreso y egreso del nivel, que se extiende entre los 12 y los 17 años.

La secundaria nocturna está dirigida a personas jóvenes y adultas que no se incorporaron oportunamente en la educación básica regular debido a su edad o a condiciones de trabajo que interrumpieron su trayectoria educativa. La educación secundaria a distancia está destinada a estudiantes que, por diversas circunstancias, no logran acceder a la educación regular. El proceso de enseñanza y aprendizaje es mediado por educadores, a través de diversos dispositivos tecnológicos digitales, radiofónicos y televisivos.

d. Educación técnico profesional

La educación técnico profesional es un subsistema del sistema educativo nacional. Está orientado a la adquisición de competencias laborales y empresariales. Se divide en dos grandes ramas: la educación técnica y la formación profesional (o capacitación para el trabajo). Ambas ramas son administradas por el Instituto Nacional Tecnológico, organismo descentralizado y adscripto al Ministerio de Trabajo.

Con base en la Ley General de Educación, la educación técnica y formación profesional cuenta con distintos niveles y modalidades: técnico básico, técnico medio, bachillerato técnico en programas especiales, atención a la pequeña empresa y microempresa, atención a la mujer, rehabilitación profesional y otras capacitaciones. La educación técnica de nivel secundario habilita a continuar con estudios superiores. Está destinada a estudiantes que aprueban el noveno grado de secundaria. Bajo esta oferta educativa, los estudiantes reciben asignaturas generales para completar el bachillerato, y módulos técnicos y tecnológicos según la especialidad seleccionada.

La formación profesional tiene por finalidades desarrollar competencias en función de diferentes campos profesionales, facilitar la incorporación de las personas a la vida sociolaboral, contribuir a su formación permanente y atender las demandas de recursos humanos del sector productivo. No habilita la continuidad educativa.

En consideración de la demanda de recursos humanos calificados que plantea el desarrollo económico y social del país, y de acuerdo con el respectivo ámbito de competencias del INATEC, se diseñan la estructura, los objetivos y la duración de los estudios, así como los requisitos para cada nivel, el área y la modalidad de formación.

e. Educación superior

La educación superior es un subsistema cuya finalidad es la formación integral de profesionales de grado y posgrado. La Ley General de Educación establece que la educación superior es aquella destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. El Consejo Nacional de Universidades (CNU), integrado por los rectores de universidades públicas y privadas, es el órgano superior especializado y consultivo en materia académica, y tiene por finalidad definir las políticas y estrategias de desarrollo universitario.

Las instituciones universitarias se rigen por la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. Esta ley establece que las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa. Las instituciones de educación superior tienen carácter de servicio público y se orientan a la formación profesional y ciudadana de sus estudiantes. El acceso a estas Instituciones es libre y gratuito para todos los nicaragüenses. Las universidades están constituidas por facultades, escuelas, departamentos docentes, centros regionales e institutos y centros de investigación.

La ley señala que las universidades comunitarias de la Costa de Nicaragua, Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), junto con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), son de interés público y se financian con las partidas del presupuesto general. Asimismo, las universidades comunitarias de la Costa Caribe podrán acompañar a los consejos y gobiernos regionales autónomos en el diseño y la implementación de las políticas públicas de educación, de fortalecimiento institucional y de desarrollo de la autonomía comunitaria y regional.

Además de la oferta académica de grado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento de las universidades legalmente establecidas, y con el propósito de responder a las necesidades educativas territoriales y de ampliar la oferta educativa inclusiva, de calidad, flexible, de cobertura nacional, el nivel de educación superior ofrece el modelo educativo abierto en las distintas modalidades de educación a distancia a través de la Universidad Abierta en Línea (UALN).

Además de los aspectos estructurales, una parte de la caracterización de la política educativa consiste en el dimensionamiento del tamaño del sistema educativo. En este sentido, según los datos del Anuario Estadístico 2020, elaborado por el INIDE, la matrícula total del nivel inicial en 2020 era de 274.793 niñas y niños de 3 a 5 años, de los cuales 137.886 eran niños y 136.907 eran niñas. En cuanto a la desagregación por área de residencia, 122.575 eran de zonas urbanas y 152.218 de zonas rurales.

Respecto a la educación primaria, la matrícula total era de 881.470 estudiantes de 6 a 11 años, de los cuales 454.372 eran niños y 427.098, niñas. En relación con la desagregación por área de residencia, 366.822 eran de zonas urbanas y 514.648, de zonas rurales.

En cuanto a la educación secundaria, la matrícula era de 501.896 estudiantes, de los cuales 251.191 eran varones y 250.705, mujeres. Respecto a la desagregación por áreas, 316.208 eran de zonas urbanas y 185.688, de zonas rurales.

En relación con la matrícula de la educación de personas adultas, en 2020, la matrícula era de 126.498 estudiantes, de los cuales 60.616 eran hombres y 65.882 eran mujeres. Respecto a la educación técnica, la matrícula era de 38.662 estudiantes, de los cuales 21.209 eran hombres y 17.453 eran mujeres. Por último, la matrícula de la educación superior era de 121.522 estudiantes, de los cuales 54.578 eran hombres y 66.944, mujeres.

3.2. Política educativa nacional

La política educativa está conformada por un conjunto de bienes, servicios y transferencias que los Estados movilizan para garantizar el derecho a la educación. El acceso, la permanencia, la adquisición de aprendizajes y la culminación del tramo escolar de los estudiantes dependen en gran medida de los recursos que los Estados orientan para garantizarlos. Estos recursos se concentran en –al menos– cuatro focos.

• Currículo y modelos de gestión: comprende todas las acciones orientadas a definir los contenidos de la educación, los materiales didácticos, los modelos de gestión institucional y la dinámica en que se inscriben los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología en las escuelas: acciones dirigidas a mantener, ampliar, rehabilitar, equipar y dotar de tecnología a la red de servicios educativos.

• Docentes: una gran parte de los recursos que orientan los Estados se destinan a formar, evaluar, acreditar y sostener el ejercicio de la docencia. Estas acciones consisten en: formación inicial, formación continua, carrera docente y aseguramiento de las condiciones básicas para el desarrollo del trabajo.

• Fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: se trata de las acciones de fortalecimiento de la demanda educativa. Dentro del conjunto de las experiencias agrupadas en este foco, se destacan las que se apoyan en la transferencia directa de recursos financieros y de bienes (alimentos, textos escolares, uniformes, entre otros) hacia las familias, a niños, niñas y adolescentes escolarizados o, incluso, hacia los responsables de la gestión de los establecimientos educativos.

La búsqueda de una mejora en la calidad educativa es el pilar de la política educativa en Nicaragua. Con el apoyo de la cooperación internacional, el Gobierno de la República lleva adelante la implementación del proyecto Alianza para la Calidad Educativa (ACE). Con este proyecto se pretende fortalecer todas las modalidades de la educación a nivel nacional, alineadas a los objetivos planteados en el Plan de Educación 2017-2021. Se estructura de tres componentes: mejora de las practicas pedagógicas de docentes en educación inicial preescolar, primaria y secundaria; mejoramiento de las condiciones de los ambientes de aprendizaje en escuelas seleccionadas; y apoyo para el fortalecimiento a las áreas técnicas del MINED.

Dentro de las políticas sectoriales y proyectos prioritarios previstos para ejecutar en el período 2019-2021, se contempla la implementación de políticas para la formación y desarrollo del talento humano, articulando los centros de educación técnica y universidades con las entidades del Estado, incluyendo el desarrollo de prácticas profesionales y pasantías. Las políticas sobre TIC en educación tienen el propósito de fortalecer una educación integral y de calidad a través de tecnologías educativas que permitan interacción, innovación educativa. Dentro de los proyectos que contempla se encuentra el equipamiento con dispositivos móviles en centros de preescolar, primaria y secundaria, y el desarrollo de capacidades docentes en tecnologías para la educación integral y de calidad.

A su vez, el Plan Nacional 2020-2026 hace énfasis en potenciar los talentos humanos para el desarrollo nacional a través del impulso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad desde la primera infancia hasta la secundaria; el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica; la consolidación del sistema de educación nacional –cuyas acciones deben estar armonizadas y orientadas a la reducción de la pobreza y el desarrollo nacional–; y el impulso al conocimiento y uso de la digitalización.

Dentro del conjunto de intervenciones se encuentra que el foco currículo y modelos de gestión se centra en la búsqueda de mayor igualdad de oportunidades. El diseño curricular se orienta a crear las condiciones para transformar las prácticas educativas y mejorar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Son ejemplo de ello, la currícula educativa en la educación regular, así como los programas de alfabetización y educación de jóvenes y adultos, el Programa de Atención Educativa, y los materiales educativos del Centro de Recursos Educativos para Ciegos (CRECI) del programa Inclusión Educativa.

El foco infraestructura, equipamiento y dotación de tecnología se centra en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de las escuelas, y en el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro del proceso educativo. Los proyectos de infraestructura escolar son realizados en el marco del proyecto Alianza para la Calidad Educativa (ACE).

Las acciones orientadas al foco docentes se centran en su actualización como un mecanismo para fortalecer la calidad educativa, así como en el intercambio de experiencias y conocimientos entre docentes de los mismos niveles educativos, grados o modalidades. A través de los Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI), se generan espacios de reflexión en los niveles de aula, municipal, departamental y nacional, recreando la experiencia docente y haciendo énfasis en las prácticas pedagógicas.

Las intervenciones del foco fortalecimiento de las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que lleva adelante el Ministerio de Educación buscan asegurar la inclusión y mejorar las condiciones de educación de los estudiantes. Los servicios se centran principalmente en garantizar alimentación escolar, becas y espacios educativos, como los centros de recursos educativos para atender a la diversidad (CREAD) y las aulas hospitalarias, habilitados en los programas de inclusión educativa. Estas acciones son complementadas por intervenciones llevadas adelante desde el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el Ministerio de la Familia, en el marco del Sistema Nacional para el Bienestar Social.

 

 

 

Políticas educativas en contexto de pandemia y pospandemia

Los cuatro focos de intervención se vieron tensionados por las circunstancias excepcionales de la pandemia por COVID-19 y el diseño de estrategias de respuesta para sostener el derecho a la educación y la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes. Las políticas educativas impulsadas por Nicaragua durante el período de suspensión de la presencialidad se centraron en los focos: “currículo y modelos de gestión” e “infraestructura”. La principal respuesta brindada desde el nivel nacional para paliar los efectos adversos producidos por pandemia de la COVID-19 fue la Estrategia Nacional del Subsistema de Educación Media y Superior, la difusión de programas educativos a través de distintos medios: teleclases, radio y contenidos de audio y la biblioteca digital (en su versión para estudiantes y para docentes).

Si bien en el informe de CEPAL-UNESCO (2020) se identifica que Nicaragua fue el único país de América Latina que no suspendió las clases presenciales, en la plataforma de respuestas regionales de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo se identifica que los centros educativos públicos no cerraron los establecimientos, pero sí cerraron los centros educativos privados, por lo que brindaron clases en línea.

 

 

3.3. El gobierno del sistema educativo

El gobierno del sistema educativo se compone por el conjunto de disposiciones legales y procedimientos que establecen, distribuyen y regulan las responsabilidades de los organismos y actores en distintos aspectos que inciden en el funcionamiento global del sistema. De acuerdo con la perspectiva de este documento, se abordará desde tres dimensiones: a) la organización y el modelo de gestión de la educación; b) el financiamiento de la política educativa; c) los sistemas de información y evaluación.

3.3.1 La organización y el modelo de gestión de la educación

La Ley General de Educación señala que el Consejo Nacional de Educación es el órgano superior del Estado en materia educativa, habilitado para la discusión y el análisis del quehacer en el sector. Se constituye como el espacio de armonización y articulación de los subsistemas de educación básica, media, técnica, extraescolar, superior y el SEAR.

El Ministerio de Educación es el órgano rector encargado de llevar adelante la organización y regulación de los requisitos mínimos de infraestructura, pedagogía, administración, financiamiento y dirección que deben cumplir los centros educativos públicos y privados de la educación inicial, general básica, media, especial y formación docente para su funcionamiento y certificación. De igual forma, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) regula el funcionamiento de los centros y programas integrados en el subsistema de educación técnica y profesional. La Ley 413 de Participación Educativa amplía la participación en la gestión escolar a padres y madres de familia, docentes y estudiantes, en lo relacionado con la elaboración, gestión y evaluación de los programas de estudio y el funcionamiento del centro educativo, de conformidad a las regulaciones dictadas por el Ministerio de Educación y Deportes.

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo Nacional (CNEA) es definido por ley como el único órgano competente del Estado para acreditar instituciones educativas de educación superior tanto públicas como privadas, así como para evaluar el resultado de los procesos educativos desarrollados por el MINED y el INATEC.

Con el objetivo de fortalecer la gestión educativa, se ha suscrito el Convenio tripartito de colaboración entre el Ministerio de Educación (MINED), Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y el Consejo Nacional De Universidades (CNU), cuyo objeto es crear las bases para la articulación y el trabajo conjunto de los tres subsistemas educativos del país, que aporten a mejorar la calidad de la educación, complementando recursos, capacidades humanas, técnicas, tecnológicas y de infraestructura de los subsistemas educativos.

Dentro del marco de la gestión en la educación, la ley establece que las acciones estarán orientadas a incorporar la educación en la agenda del desarrollo municipal y regional; mejorar la gobernabilidad del sistema educativo mediante una articulación más eficiente entre el gobierno central, los gobiernos regionales, autónomos de la Costa Caribe, los gobiernos municipales y los consejos escolares; garantizar mayor eficiencia y efectividad en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la educación, focalizando los mismos a los sectores más pobres; propiciar mayor acción de los gobiernos municipales en la promoción del desarrollo, buscando optimizar y racionalizar el uso de sus recursos; e involucrar a las autoridades municipales en la adecuación curricular para propiciar el desarrollo local.

3.3.2 El financiamiento de la política educativa

Desde 1993 y de manera progresiva, Nicaragua gestionó el financiamiento a través del programa de autonomía escolar. Consistía en un contrato firmado entre el Ministerio de Educación y el centro educativo, mediante el cual el Ministerio de Educación transfería directamente la asignación presupuestaria anteriormente administrada desde el nivel central. El Consejo Directivo tenía la potestad para decidir por la asignación de recursos derivados del Ministerio, y por el aporte de los padres y las madres de familia, que debían complementar el presupuesto para el buen funcionamiento del centro.

A partir de 2007 se eliminó la autonomía escolar y con ello el cobro a las familias, se redujo la función de los directivos, a la vez que el Ministerio de Educación decidió eliminar las transferencias directas de fondos para ordenar y clarificar la administración de los recursos. Nicaragua ha pasado de la gestión administrativa desconcentrada de los recursos financieros, que trasladaba fondos directos a la escuela para toda su operación, hacia una centralización de la administración de los recursos (Plan Estratégico de Educación 2011-2015).

3.3.3 Sistemas de información y evaluación

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) es el organismo rector que produce, analiza y difunde los datos estadísticos de Nicaragua. En este sitio se puede acceder al Censo de Población y Vivienda, a la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, y al Censo Nacional Agropecuario. Se encuentran también disponibles los microdatos de la Encuesta Continua de Hogares y la Encuesta de Medición del Nivel de Vida. Asimismo, es posible consultar información estadística sobre salud, educación, empleo, salarios, turismo, transporte, policía y proyecciones de población.

El Consejo Nacional de Universidades también elabora publicaciones estadísticas. El último reporte se produjo en 2019 (Información Estadística de las Universidades Miembros del CNU Año 2019).

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación es el ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación. Tiene como función principal promover la cultura de la evaluación y velar por el aseguramiento de la calidad del sistema educativo nicaragüense mediante la implementación de procesos de evaluación institucional, acreditación y evaluación de resultados.

Nicaragua ha participado en distintas pruebas a gran escala con foco en la evaluación de logros de aprendizajes. Entre las que administra el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), participó en las evaluaciones SERCE en 2006; TERCE en 2013 y ERCE en 2019.

4. La efectividad de la política educativa

Acceso, participación, trayectoria educativa y logros de aprendizaje.

Este apartado tiene como propósito ofrecer información sustantiva para realizar una aproximación a la efectividad de la política educativa, mediante el análisis de una serie de indicadores que permiten dar cuenta de la situación en que se encuentran niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con respecto al derecho a la educación.

4.1. Nivel educativo de la población

• La proporción de personas en situación de analfabetismo se redujo notablemente (del 22,2% al 14,1%) en los últimos años.

• El promedio de años de escolarización de la población aumentó tanto entre varones como entre mujeres, sobre todo en áreas urbanas y en todos los niveles de ingresos, siendo mayor en el nivel medio (de 5,9 a 8 años).

• La proporción de personas adultas que finalizaron la secundaria aumentó significativamente (de 17,8% a 30,5%), con una incidencia mayor en las mujeres (del 16,2% al 27,4%), para todos los niveles de ingresos, fundamentalmente en el nivel inferior y con mayor preponderancia en áreas urbanas.

4.2. Educación inicial

• La proporción de niños y niñas que asistieron a la escuela antes de empezar el primario se incrementó hacia 2014, del 58,2% al 74,1%. No obstante, esta proporción es inferior en el área rural y en aquellos hogares socialmente más desfavorecidos.

4.3. Educación primaria

• La tasa de asistencia escolar primaria aumentó en la última medición tanto para niños y niñas; y para ambas áreas geográficas, siendo mayor el aumento para niños (del 82,9% al 89,3%) y zonas rurales (del 76,3 % al 84,8%). En cuanto a la asistencia según el nivel de ingresos, aumentó en mayor proporción en el caso de las personas provenientes de hogares menores ingresos (del 83,2% al 92,4%).

• Se observa un incremento diferenciado entre varones y mujeres que lograron la finalización de la educación primaria, siendo las mujeres aquellas que alcanzan valores de finalización del nivel más elevados (del 66,8% al 84,9%).

• Existen diferencias notables de la finalización del nivel de acuerdo con las variables analizadas entre las áreas urbana y rural. Sin embargo, se observa que en las zonas rurales la tasa de finalización aumentó del 38,6% al 62,8%).

4.4. Educación secundaria

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria baja aumentó tanto entre varones como entre mujeres. Aumentando más en el caso de las mujeres (del 38,7% al 56,5%). No obstante, la asistencia en el área rural y en hogares de menores ingresos se mantiene por debajo del 52%. 

• La tasa de asistencia escolar a la secundaria alta tuvo un incremento de más de 10 puntos porcentuales, que se expresa con más fuerza entre mujeres (del 21,9% al 33,3%) y población con mayor nivel de ingresos (del 37,5% al 50,4%).

4.5. Educación superior

• En el periodo comprendido entre 2001 y 2014, se registra un incremento de la tasa de asistencia a educación superior, siendo notablemente mayor entre mujeres (del 15,6% al 21,5%), en áreas urbanas (del 19,6% al 27,5%) y para la población con nivel medio de ingresos (del 35,5% al 43,1%).

• El porcentaje de finalización de educación superior es ampliamente mayor en zonas urbanas y para la población de mayores ingresos. Al igual que la asistencia, la finalización de la educación terciaria y/o universitaria es mayor para mujeres (del 4,7% al 10,6%) que para hombres (de 4,5 al 8%).

5. Desafíos de la política educativa

A lo largo de este documento se intentó mostrar los avances a partir de los compromisos asumidos, haciendo foco en el conjunto de acciones que el país llevó adelante y los resultados de estos esfuerzos.

Desde la firma y ratificación de los distintos instrumentos jurídicos internacionales, Nicaragua asumió el compromiso y la obligación de garantizar el derecho a la educación. Gradualmente fue armonizando su cuerpo normativo y sus acciones programáticas según los principios previstos en los textos jurídicos.

El Plan nacional de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano (2022-2026) hace énfasis en el desarrollo a través del sistema educativo. Al respecto, estructura los siguientes objetivos: el impulso de una educación inclusiva, equitativa y de calidad; el fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica; la preparación de los talentos humanos para el desarrollo nacional con más educación superior; la consolidación del sistema de educación nacional; el fortalecimiento de la investigación y la innovación en temas prioritarios para el país; y el impulso al conocimiento y uso de la digitalización con todos y para todos.

El Plan de Educación 2017-2021 como instrumento fundamental de planificación de la política, y la implementación del proyecto Alianza para la Calidad Educativa, han puesto el foco en la mejora de la calidad de la educación. El logro de este objetivo plantea al sistema educativo el desafío de poner en marcha procesos, recursos, acciones y métodos de intervención orientados a incidir en los ámbitos estratégicos que impactan en la calidad educativa. En ese sentido, el proceso de planificación se ha enfocado en diseñar acciones orientadas a: la mejora en las capacidades docentes; la organización curricular centrada en el estudiante; la generación de condiciones y recursos de aula adecuados; el uso efectivo de las TIC para mejorar los aprendizajes; la garantía de cobertura, asistencia y terminación escolar; el fomento del acompañamiento de la familia a los estudiantes en su trayectoria por el sistema educativo. De igual forma, el fortalecimiento institucional ocupa un lugar destacado dentro de los objetivos vigentes, entendiendo la importancia que representan para la garantía del derecho a la educación la gestión de procesos, la investigación educativa y la formación de los servidores públicos del sector.

Dentro de los avances en marcha se destacan la actualización de los programas educativos (que han permitido ofrecer un currículo más completo en los diferentes niveles), las transformaciones didácticas, la creación de consejerías para el fortalecimiento de la comunidad educativa, junto con la rehabilitación y construcción de nuevas aulas. Asimismo, deben resaltarse avances relacionados con el incremento en la cobertura de la educación inicial, primaria y secundaria, y la ejecución de acciones orientadas a reducir las inequidades entre la zona urbana y rural. La implementación de la primaria multigrado, la creación de la primaria a distancia en el campo, la construcción de aulas, la formación docente con mención en multigrado y la entrega de merienda escolar son factores que han contribuido a estos progresos.

También continúan los esfuerzos que desde 2008 se iniciaron con la Campaña Nacional de Alfabetización, para avanzar hacia la alfabetización y continuidad educativa de personas jóvenes y adultas. El enfoque intercultural bilingüe se encuentra en todos los niveles de la educación básica desde la educación preescolar hasta el primer ciclo de educación secundaria. La actualización del Plan de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes se ha llevado adelante de forma participativa a través de talleres regionales que han contado con la presencia de diferentes etnias y actores claves de las regiones.

Pese a estos esfuerzos, los indicadores educativos plantean que el cierre de brechas entre grupos socioeconómicos, geográficos y étnicos, así como el incremento en la cobertura educativa, siguen siendo desafíos centrales para la política educativa. De igual forma, la finalización y la retención escolar en el nivel secundario.

Según informa el MINED, el porcentaje de establecimientos escolares públicos con acceso a TIC sigue siendo bajo. Mientras la línea de base a 2016 era el 7%, la meta para 2021 apunta a llegar a un 85%. Asimismo, se considera esencial el avance de la capacitación docente en el uso de TIC para garantizar una efectiva incorporación de la tecnología en los aprendizajes. Este aspecto va de la mano con las metas trazadas en cuanto a la provisión de nuevas aulas y ambientes escolares mejorados; se ha planteado en el Plan Nacional de Educación tener 6961 nuevas aulas para 2021.

Para continuar avanzando en el mejoramiento de la calidad educativa y la universalización de la educación básica como ejes del sistema educativo, y en la búsqueda del cumplimiento del ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, el Ministerio de Educación ha destacado la importancia de profundizar los esfuerzos y el cumplimiento de los objetivos trazados, así como aquellos dirigidos a la articulación y el fortalecimiento de los subsistemas educativos, trabajando de manera conjunta con el CNU, SEAR e INATEC.

Los principales desafíos de la política educativa consisten en reducir los rezagos en términos de cobertura y calidad, mejorar la oferta de servicios, aumentar la asignación presupuestaria y mejorar la red de infraestructura. También, reducir las desigualdades por condiciones de género y socioeconómicas. Estos retos marcan el rumbo de hacia dónde orientar mayores esfuerzos estatales, para cumplir el compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Políticas y normativa

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