México

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Políticas y normativa

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Fecha de actualización: mayo de 2019

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Contenido

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Fecha de actualización: marzo de 2020

1. Información de contexto

Los Estados Unidos Mexicanos se encuentran ubicados en el sector meridional de América del Norte. Limitan al norte con los Estados Unidos de América, al sureste con la República de Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el mar Caribe, y al oeste con el océano Pacífico. Tiene una superficie de 1.964.375 km2, dividida en 32 entidades federativas, que a la vez se dividen en 2457 municipios y 16 alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador fue elegido presidente para el período 2019-2022.

Acceso a la tabla "Principales indicadores del país y promedio regional."

 

2. México frente a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

México suscribe a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)¹ el 26 de enero de 1990. El 21 de septiembre del mismo año la ratifica ante la Secretaría de Naciones Unidas. A nivel interno le otorga rango constitucional dentro de su ordenamiento jurídico.

La CDN cuenta con tres Protocolos facultativos específicos que la amplían². El primer protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados, y el segundo sobre la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se suscribieron el 7 de septiembre de 2000, y se ratificaron conjuntamente el 15 de marzo de 2002 ante la Secretaría de la ONU. El tercer y más reciente protocolo, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2011, corresponde a la aceptación del procedimiento de comunicaciones. Con la aceptación de este protocolo el Estado parte reconoce la competencia del Comité en caso de presentarse violaciones graves o sistemáticas a los derechos enunciados en la Convención o en sus protocolos facultativos. En el caso específico de México, este último protocolo se encuentra a la espera de ser aceptado.

Acceso al gráfico "Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos."

2.1. Informes periódicos presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y Observaciones finales del Comité

En cumplimiento de los compromisos asumidos al momento de ratificar la CDN y sus Protocolos facultativos, los Estados partes deben presentar informes periódicos cada cinco años ante el Comité de los Derechos del Niño, sobre los avances y medidas adoptadas en materia de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel interno. El Comité de la CDN, en base al estudio del informe entregado por el país, los informes de expertos independientes, de la sociedad civil y de ONGs, emite las observaciones finales en respuesta al informe periódico presentado por el Estado parte.

Acceso a la tabla "Avances en el cumplimiento de los derechos reconocidos en la CDN."

 

2.2. La institucionalidad al servicio de la Protección Integral de los Derechos de la Infancia

México promulgó en diciembre de 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Allí reconoce como sujetos titulares de derechos a los menores de edad, en el marco de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así mismo garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Establece y regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, a fin de garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En cada entidad federativa se crea y establece un Sistema Local de Protección, similar al funcionamiento y organización del SNPI (art. 136). El SNPI, está conformado por representantes del ejecutivo federal y los secretarios, las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad civil. La coordinación operativa del sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva (artículos 127 y 130). Las 32 entidades federativas sancionaron su respectiva legislación local acorde con la Ley General como marco.

La federación a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) cuenta con una Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), así mismo, las entidades federativas cuentan con Procuradurías de Protección, en cumplimiento de una efectiva protección y restitución de derechos de los menores de edad (artículos 120 y 121).

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil sancionada en octubre de 2011, y modificada por la LGDNNA, establece la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, junto con la participación de los sectores privado y social en materia de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil, garantizando su acceso en condiciones de igualdad, calidad y protección adecuada (artículo 1).

 

3. La política pública para la Primera Infancia

3.1. Planificación

Los Estados desarrollan estrategias orientadas a direccionar y conducir el conjunto de acciones que destinan al cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas durante la primera infancia. En muchos casos, los ejercicios de planificación estratégica dan lugar a documentos a los cuales se los denomina planes, estrategias o políticas de gran alcance. Si bien la CDN orienta la actividad de los Estados, no fija su contenido específico. Éstos tienen que ajustar la orientación de la política pública existente a los principios que propone la CDN. Esto implica precisar un marco conceptual común desde el cual interpretar las decisiones y las acciones que se promueven y las que se llevan adelante.

Con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de 2011 (última reforma publicada por el Diario Oficial de la Federación 25-06-2018) se establece la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y los órganos político administrativos de sus demarcaciones territoriales, en materia de prestación de servicios para la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantil a nivel nacional, estableciendo las bases para el acceso a los servicios y la promoción del ejercicio pleno de sus derechos. Así mismo se crea el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Junto con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), y para hacerlo efectivo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018 (PRONAPINNA). Su propósito es contribuir al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia, impulsando acciones hacia el acceso universal a servicios de calidad en educación, salud, cultura, deporte y esparcimiento, en un contexto de no discriminación, así como medidas de fortalecimiento para la protección y restitución de derechos.

En 2019 se reinstala el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se crea la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, y se aprueba la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración.

Con el Acuerdo SIPINNA/04/2019, se aprueba la Política Integral Nacional de Atención y Desarrollo Infantil de la Primera Infancia, con el objetivo de atender las desigualdades presentes en el desarrollo infantil temprano de niñas y niños en México, atendiendo las brechas existentes entre estratos sociales y géneros. Sienta las bases para el desarrollo de:

1) una Ruta Integral de Atenciones (RIA).
2) políticas de atención multidimensionales.
3) la aprobación de un sub anexo transversal en materia de infancia en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
4) indicadores y metas de cumplimiento.
5) autoridades responsables en los tres niveles de gobierno.
6) la coordinación de las acciones de la Política Integral con los Sistemas Nacionales de Salud y de Educación.

El 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia educativa, y se creó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI). La coordinación de la estrategia está a cargo de la Comisión para la Primera Infancia del SIPINNA. La reforma constitucional en materia educativa reconoce a la educación inicial como un derecho de niñas y niños y obliga al Estado a garantizarla. En la ENAPI, la Primera Infancia es el periodo de vida que empieza con el nacimiento y se extiende hasta antes de los seis años, momento en que los niños y niñas concluyen el primer ciclo de enseñanza y transitan hacia la educación primaria.

 
 

3.2. Intervenciones

Una aproximación hacia las formas en que los distintos Estados de la región están avanzando hacia la implementación de Sistemas Integrales de Protección de Derechos implica hacer foco en todas las acciones que están direccionadas hacia la primera infancia. La matriz de análisis que emerge del estudio de la política actual para primera infancia en América Latina se compone de los distintos núcleos de intervención en los cuales los Estados concentran la mayor parte de la actividad estatal orientada a niñas y niños en sus primeros años de vida. Pero el análisis de las políticas de primera infancia en la región permite también identificar momentos en los cuales se distribuyen y se articulan las intervenciones a lo largo del tramo que conforma la etapa del ciclo vital. A continuación, se ampliarán estos dos componentes de la matriz utilizada para el análisis de la política para la primera infancia en la región.

Los núcleos de intervención que emergen del análisis de la política de primera infancia son: salud, cuidado y educación, y restitución de derechos vulnerados. En la actualidad, la agenda de la primera infancia reconoce y dialoga con estos tres grandes flujos de acción donde se concentra mayor actividad estatal.

El primer núcleo, en el cual se concentra una parte importante de la actividad estatal y es el que más historia tiene, hace foco en la atención de salud de las embarazadas, los niños y las niñas. El actor institucional central es el sistema de salud. Un rasgo importante es su pretensión de universalidad. Hoy por hoy, se registra un consenso muy fuerte en torno a que todas las mujeres gestantes, los niños y niñas tienen que tener garantizado el acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Desde el momento de la gestación se despliegan un conjunto de intervenciones que se extienden a lo largo del ciclo vital del niño y la niña. Durante el primer año de vida, estas acciones se intensifican considerablemente y se centran básicamente en el seguimiento y control de la salud, estado nutricional y prevención de enfermedades. Estas prestaciones se desarrollan en los distintos dispositivos sanitarios de los tres niveles de atención que trabajan de manera articulada, que se organizan según los problemas de salud que resuelven y no por las prestaciones que estos brindan. Aquí se observa cómo los distintos dispositivos de salud despliegan sus capacidades en el territorio y atienden las dimensiones del desarrollo biofísico y nutricional –al igual que las vulnerabilidades asociadas a la gestación y al parto– como la alimentación, la lactancia, la salud mental y los cuidados fundamentales.

El segundo núcleo en que se concentra la actividad estatal, con una historia aún más reciente, la constituyen los esfuerzos para garantizar la atención, el cuidado y la educación en la infancia. En particular, en el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, emocionales, y sociales de niños y niñas pequeños; en las habilidades parentales de las madres, padres y cuidadores directos; y en el alivio de la carga de cuidado que enfrentan las familias durante la etapa de crianza. En este flujo participan una variedad de actores institucionales y profesionales de diversas disciplinas. Es una vertiente que, al igual que la anterior, acumula una intensa experiencia de territorialización de acciones, trabajo en contextos diversos, en donde el sector de salud también tiene una presencia muy importante.

Las acciones orientadas a la protección y cuidado de la infancia se nutren de un conjunto diverso de instrumentos de políticas. A través de talleres en espacios públicos (jardines, escuelas, centros comunitarios) o visitas domiciliarias, se busca acompañar a las familias y fortalecerlas en sus habilidades parentales. Estos espacios constituyen instancias en las que se problematizan distintas dimensiones de la crianza, a la par que funciona como nexo para la articulación de otros servicios públicos. Otro tipo de intervenciones que hacen foco en el desarrollo de capacidades se basa en la atención institucionalizada de niños y niñas. Se trata de espacios en donde las familias dejan a sus hijos al cuidado de otros adultos durante un tiempo previamente establecido. Consiste en una oferta variada de servicios que atiende de forma directa a los niños y niñas, cuyas modalidades son diversas: centros de desarrollo infantil, hogares para niños sin cuidados parentales, espacios comunitarios, que por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social o algún área semejante a nivel provincial o municipal. Muchos de estos servicios nacieron como experiencias comunitarias de cuidado en contextos en donde el Estado se encontraba ausente. En gran medida porque estos servicios no solo brindan atención directa a los niños y niñas, sino que también permiten aliviar la carga de cuidado que enfrentan las familias liberando tiempo para que los adultos puedan trabajar fuera del hogar. Esta es una de las razones por las cuales el debate en torno a estos servicios atraviesa y articula la agenda de la primera infancia con la agenda de los cuidados impulsada por los movimientos de mujeres. Un rasgo común de esta oferta de servicios es que, en contraste con la primera vertiente relacionada con la atención de la salud, estas focalizan en los sectores más vulnerables. Es una red de servicios focalizada y presenta variaciones respecto de la calidad, la pertinencia del servicio que brindan, y la supervisión y apoyo que reciben por parte del Estado.

En este foco también confluyen los servicios educativos correspondientes al nivel inicial. El actor institucional que ofrece y garantiza el servicio es el Ministerio de Educación u organismos análogos. Aquí lo que se observa es la pretensión de universalizar el nivel inicial a edades más tempranas, que en la actualidad, establece la obligatoriedad en la mayoría de los países a la edad de 4 y 5 años. 

Por último, se identificó un tercer núcleo de intervenciones, que se orientan a la restitución de derechos vulnerados. Se caracteriza por ser intensivo en recursos normativos, donde el poder judicial tiene una presencia importante, pero en la que también participan otras áreas del Estado, como los organismos del sistema de seguridad social y los ministerios de desarrollo social. Algunos de los focos de intervención más relevantes son la prevención y la asistencia a los niños y niñas víctimas de trata o explotación sexual y de los niños y niñas víctimas de otros tipos de violencia. Otro foco de intervención es la restitución del derecho de los niños y niñas que no cuentan con cuidados parentales a crecer en un entorno familiar.

Se incluyen aquí acciones orientadas a restituir uno de los derechos más vulnerados en nuestra región: el derecho de los niños y niñas a crecer en familias que cuenten con un flujo de ingresos constante, suficiente y protegido. Los instrumentos de política que se utilizan con más frecuencia son la transferencia de bienes y de recursos financieros a las familias, o el acceso gratuito o preferencial a alimentos.

Por otro lado, como se mencionó, a partir del análisis de las políticas de primera infancia, se constata que los países tienden a distinguir momentos según la etapa del ciclo vital. Y en cada uno de ellos, varían la participación de los actores institucionales, los modos de intervención y los instrumentos de política que se utilizan en cada etapa. Al hacer foco en las prestaciones, es decir, en los bienes, servicios y transferencias, se observa que éstas se distribuyen y articulan a lo largo del tramo que conforma a esta etapa del ciclo vital, y que se atiende en forma simultánea a las distintas dimensiones que impulsan el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas durante este periodo en particular. Estos momentos en los que se segmentan son:

Momento pregestacional

Los Estados desarrollan acciones orientadas a ampliar las oportunidades de inclusión social de las mujeres y varones jóvenes a través de, fundamentalmente, la culminación del tramo de escolarización obligatoria, talleres para la promoción de la maternidad y paternidad responsable, y de la salud sexual y reproductiva.

Momento gestacional

La actividad estatal se concentra intensamente en garantizar el derecho a la salud de las embarazadas y de los niños y niñas por nacer. En situaciones adversas –distancia geográfica, por ejemplo– se desarrollan acciones orientadas a garantizar el parto institucionalizado. A través de transferencias monetarias se busca atender oportunamente situaciones de vulnerabilidad social. Las consejerías estructuradas interdisciplinarias asisten a las mujeres en conflicto con la maternidad. En paralelo, los talleres y consejerías orientadas a las mujeres gestantes, sus parejas y/o acompañantes buscan fortalecer y desarrollar habilidades para la crianza.

Parto y puerperio

La prevención y control de la salud, y la captación temprana de enfermedades en las madres y los niños o niñas recién nacidos, así como el registro de su identidad son objetivos destacados entre las intervenciones que desarrollan los Estados durante el parto y el puerperio. Por ello, garantizar que el nacimiento ocurra en establecimientos de salud atendido por profesionales capacitados en el abordaje humanizado del parto es central. La atención de las vulnerabilidades sociales, emocionales y el desarrollo de habilidades para la crianza que se iniciaron en etapas previas, continúan. Las licencias parentales constituyen una de las formas en que los Estados protegen el derecho de los niños y niñas a recibir cuidados sin que esto implique resignar ingresos.

Primer año de vida

En esta etapa, a la cadena prestacional se adicionan servicios para la atención de la salud, el cuidado directo y la educación institucionalizada de los niños y niñas. Uno de los objetivos explicitados de estos servicios es facilitar la participación de las madres en actividades que generan ingresos. En casos de abandono, violencia, negligencia u otras formas graves de vulneración de derechos, la restitución del derecho de los niños y niñas a vivir en entornos familiares se transforma en una prioridad.

De 45 días a 4 años e ingreso a educación obligatoria

Este momento, que se solapa con el anterior, se identifica por la centralidad que gradualmente adquiere el componente educativo dentro de los servicios AEPI. En gran parte de los países de la región, los Estados comienzan a ofrecer educación escolarizada. Entre los 3 y 5 años, se establece el inicio del tramo obligatorio de escolarización que culmina entre los 14 y 17 años según el país.

Más allá de las intervenciones que se definen, en cada momento hay estrategias nacionales que abarcan la atención integral de la primera infancia. En estos países se enfatiza que el acceso de las familias a un flujo constante de ingresos, al trabajo decente, a una vivienda adecuada y a servicios básicos de saneamiento constituyen derechos irrenunciables para garantizar e igualar las oportunidades de niños y niñas a desarrollar todo su potencial. El entramado normativo orientado a regular el vínculo entre los niños y los adultos para, por ejemplo, prevenir y penalizar el uso de la violencia como forma de disciplinamiento al interior de las familias o en las escuelas, es otra de las instancias cruciales que sostienen la conformación de un Sistema Integral para la Protección de los Derechos de la Primera Infancia.

A continuación, se presenta un conjunto relevante –pero no exhaustivo– de acciones que dan cuenta de los avances realizados en Argentina para dotar de integralidad a la política para la primera infancia y garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas pequeños. Las mismas se presentan agrupadas por núcleos de intervención según los momentos del ciclo vital.

 

 

3.3. Evaluación y monitoreo

Se registran diversos avances en la construcción de sistemas de información y evaluación de la política pública para la primera infancia. Muchos países ponen a disposición datos estadísticos e investigaciones, generalmente evaluaciones de impacto de algunos componentes puntuales de sus políticas, memorias, informes de auditoría, estudios sobre temas específicos, solicitados a universidades y organismos nacionales y extranjeros, a través de los cuales cubren, en parte, la demanda de información para el análisis de la situación de la primera infancia y de los esfuerzos que realizan los Estados para garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos.

A continuación, se presenta un conjunto breve de acciones orientadas a fortalecer las decisiones del Estado y su capacidad para sostener la política pública de la primera infancia. Se hace foco en las intervenciones públicas dirigidas a monitorear el diseño e implementación de la política y la ampliación de la participación ciudadana.

4. Agenda actual de la Primera Infancia

A partir de la ratificación de la CDN –hace casi tres décadas– México ha demostrado amplios esfuerzos por armonizar los principios propuestos por la Convención en su ordenamiento jurídico interno, su institucionalidad y acciones programáticas. En este sentido, la agenda actual de la primera infancia constituye un diálogo permanente de estas tres dimensiones para dotar de integralidad la política pública orientada a las niñas y niños pequeños.

Comparando la situación del país con el promedio regional para cada indicador, México se caracteriza por presentar un porcentaje de población indígena un tanto superior al promedio (15,3%) y una alta proporción de población urbana (78,2%). Respecto a los indicadores económicos, el PIB per cápita lo sitúa dentro de los países de altos ingresos en la región. El porcentaje de individuos en situación de pobreza es superior al promedio regional (55,4%), a la vez que el porcentaje de gasto social en relación al PIB es cercano al promedio regional (9,9%). El índice de desarrollo humano supera al valor promedio. Los indicadores de salud, en términos generales, sitúan al país en posiciones cercanas al promedio o superiores, a excepción de la proporción de niños y niñas con lactancia materna exclusiva, que resulta inferior a la media regional. Los indicadores educativos de la primera infancia muestran a México como un país de desempeño superior al promedio regional, alcanzando una tasa de escolarización para niños de 5 años del 97,4% y una tasa de escolarización en el nivel inicial del 77,8%.

México ha realizado significativos avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos ante la CDN. Muy recientemente, ha fortalecido las acciones orientadas a garantizar la integralidad de los servicios de atención, educación y cuidado de la primera infancia. Esto se ve reflejado en la reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la creación de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado, y la aprobación de la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración. Ha direccionado un flujo consistente de bienes, servicios y transferencias, en los distintos momentos del ciclo vital. Allí se observa principalmente la actuación de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, y Bienestar Social. Finalmente, se destaca el diseño e implementación de un Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (Infosipinna), instrumento sumamente relevante y útil para los tomadores de decisiones, al presentar información sustantiva sobre la situación de la primera infancia mexicana.

 

  Finalmente, el principal desafío que prevalece en América Latina es la alta desigualdad social de carácter estructural que prima en todos los países. Una desigualdad social elevada genera condiciones extremadamente desfavorables para efectivizar los derechos de la primera infancia. La carencia persistente de ingresos se encuentra sobrerrepresentada en los grupos sociales históricamente rezagados –población indígena, afrodescendiente, migrante, que residen en áreas rurales, entre otros– y se inscribe frecuentemente en procesos históricos de acumulación intergeneracional de desventajas sociales que generan condiciones que no contribuyen en la apropiación de los beneficios potenciales que supone acceder a los bienes y servicios públicos. El beneficio social se diluye si no se resuelve la base estructural de redistribución social de la riqueza. Promover una mayor igualdad social implica no sólo impulsar un crecimiento y desarrollo sostenible sobre bases más sólidas, sino también contribuir a la realización de los derechos sociales, económicos y culturales de las personas durante todo su ciclo vital.  

 

 

5. Notas al pie

[1] La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado internacional al que más países han adherido: en total 193, incluidos los 19 latinoamericanos, lo han ratificado. Constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que sitúa a los niños y niñas como sus titulares directos. Desde el momento de su ratificación, los Estados asumen la obligación de garantizar los principios y derechos contenidos en el instrumento jurídico.

 

[2] Después de la aprobación de un tratado de derechos humanos se suelen añadir “protocolos facultativos”, que son mecanismos jurídicos que complementan y añaden provisiones al tratado. Un protocolo es “facultativo” porque no vincula automáticamente a los Estados que ya han ratificado el tratado original. Estas obligaciones en el protocolo son adicionales y pueden ser más exigentes que las que aparecían en la Convención original, por lo que los Estados deben escoger de manera independiente si quieren vincularse o no al protocolo. Su objetivo es profundizar sobre algunas cuestiones o temas que ya existían en el tratado original, abordar una preocupación nueva o añadir algún procedimiento para su aplicación. En definitiva, amplían las obligaciones del tratado original (UNICEF).

 

[3] Los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos se negocian entre los Estados miembros de las Naciones Unidas y son jurídicamente vinculantes para cada uno de los Estados que sean parte del instrumento. Hay dos maneras en que un Estado puede llegar a ser parte: mediante la firma y ratificación, o mediante la adhesión.

Al ratificar la Convención o un Protocolo facultativo, un Estado acepta la obligación de respetar, proteger, promover o satisfacer los derechos enumerados, incluida la adopción o el cambio de leyes y políticas que pongan en vigor las disposiciones de la Convención o Protocolo. La Convención considera que todos los derechos de la infancia tienen la misma importancia. No existe ningún derecho "menor", ni ninguna jerarquía entre los derechos humanos. Estos derechos son indivisibles y están mutuamente relacionados, y se centran en todos los aspectos del niño. Las decisiones de los gobiernos con respecto a cualquiera de los derechos deben hacerse a la luz de los otros derechos de la Convención (UNICEF).